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Comisión del Senado aprueba en grande el proyecto del Código de Sistema Penal. (Foto: Página Siete)

Comisión aprueba Proyecto del Código de Sistema Penal en grande y detalle

La Comisión de Justicia Plural del Senado aprobó  por la noche el Proyecto de Ley del Código de Sistema Penal en sus estaciones en grande y detalle, y lo remitió al Pleno para su tratamiento.

La Paz/ABI

El presidente de la Comisión, Milton Barón, aseguró el trabajo realizado con responsabilidad y consistencia técnica en Diputados por lo que no existen modificaciones en esta instancia.

“Se ha aprobado en la Comisión en grande y detalle y la siguiente semana el Pleno del Senado estaría considerando este Proyecto. Si hubiese consenso para generar alguna nueva redacción, algún complemento o modificación, será considerado en el Pleno del Senado”, indicó.

El Proyecto de Código consta de 681 artículos, 3 disposiciones transitorias, 6 adicionales y 3 disposiciones abrogatorias y derogatorias.

Barón, recordó que el tratamiento del proyecto inició a principios de la gestión en la Cámara de Diputados, por lo que se espera tenerlo sancionado hasta antes del receso legislativo.

El Código de Sistema Penal tiene por finalidad racionalizar el uso del poder penal como última respuesta al conflicto, aplicable sólo cuando no sea posible solucionarlo por medios menos violentos, instaurando un sistema penal con enfoque restaurador.

Se fundamenta en el mandato constitucional de garantizar la construcción de una sociedad justa y armoniosa, sustentada en la cultura de paz, el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes fundamentales; fomentando el respeto mutuo y una vida digna acorde con los tratados y convenios firmados por Bolivia en el ámbito internacional.

La propuesta de nuevo código se sustenta en 10 pilares, con el propósito de encontrar justicia para todos con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de la Cumbre de Justicia.

La incorporación de mecanismos preventivos, protectivos y de resolución pacífica del conflicto, en el marco de la cultura de paz; el involucramiento de la comunidad en programas de justicia restaurativa; el establecimiento de derechos y obligaciones a los operadores de justicia; la priorización de la protección y reparación a las víctimas; y la transformación de la institucionalidad penal.

Así también incluye la recategorización de las infracciones penales; la imposición de la oralidad plena en todos los actos procesales; la inclusión de procedimientos ágiles eliminando las distorsiones, dilaciones y chicana; y la limitación del uso excesivo de la detención preventiva.

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