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CONDENAN A 8 AÑOS DE CÁRCEL A LOS ASESINOS DEL SUBTENIENTE POMA

El órgano judicial condenó a ocho años de cárcel a los exoficiales del Ejército Franz García, Ruddy Flores y Kenny Rollano, al haberlos encontrado responsables de la muerte del subteniente Gróver Poma, ocurrido el 7 de febrero de 2011, en la Escuela de Cóndores de Sanandita, informó la Defensoría del Pueblo.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena. (Foto: APG)
El defensor del Pueblo, Rolando Villena. (Foto: APG)

La Paz/ANF
Sin embargo, el fallo es considerado insuficiente, pero importante, por parte de la máxima autoridad de la Defensoría, Rolando Villena.
“Creo que los ocho años de presidio no son una forma suficiente de sancionar el delito del asesinato premeditado, violento y despiadado que cometieron Franz García, Ruddy Flores y Kenny Rollano contra el subteniente Poma y menos la absolución completa del resto de acusados que, aunque pudieron no haber actuado directamente, debieron intervenir para defender la vida de su camarada y no lo hicieron”, manifestó Villena, según cita un comunicado de la entidad.
Agregó, no obstante, que a partir de este caso “se deja claro que los crímenes y delitos contra los derechos humanos fundamentales que se cometen en los cuarteles no pueden ni deben quedar impunes y que la justicia ordinaria está facultada para imponer la ley y evitar la impunidad”.
Subrayó que el caso Poma sentó jurisprudencia en la materia, ya que gracias a la demanda interpuesta ante el Tribunal Constitucional, se logró evitar la protección militar que era normal en estos casos. Citó la sentencia 2540/2012 del 21 de diciembre de 2012 que declaró competente a la justicia ordinaria para proseguir con el control jurisdiccional de la causa.

En ese fallo, el Tribunal señala que “si bien los hechos investigados se produjeron en un ambiente militar, la víctima y los presuntos sujetos activos eran agentes militares activos, el derecho penal militar excluye los comportamientos que pese a tener relación con servicio denotan desviación total respecto de sus objetivos o medios legítimos”.
Villena por otro lado, expresó su admiración y respeto por Andrés Poma Tola, padre de la víctima que durante cuatro años persistió en las audiencias y los juzgados exigiendo la corrección del proceso.

“Creo que su valor y su demanda de justicia han sido el impulso más importante para el resultado de este caso y aunque no repara el daño que le causaron los asesinos, cuando menos el Estado, a través de sus instancias, ha respondido”, indicó.

La Defensoría del Pueblo acompañó el proceso desde sus inicios y elaboró un informe sobre este caso, que además fue enviado al Tribunal Constitucional para el análisis en el tema de derechos humanos y, a través de la Mesa Defensorial de Yacuiba acompañó el proceso y advirtió en más de una oportunidad sobre las excesivas consideraciones que se tenía con los acusados.

Finalmente, incluyó este caso en la demanda que presentó en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado boliviano por los hechos de violencia sucedidos en los recintos militares.

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