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(Foto de archivo - Cámara de Diputados)

DIPUTADOS APRUEBA LEY QUE OBLIGA A EMPRESAS A CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el jueves por la noche la Ley 072 que obliga a las empresas públicas y privadas a contratar a las personas con discapacidad, así como el padre, la madre, el cónyuge o el tutor o tutora que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad grave o muy grave menores de 18 años.

La Paz/ABI

Según un boletín institucional, el Proyecto remarca que todas las instituciones del sector público que comprenden los órganos del Estado, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobierno autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades y empresas públicas.

Así como instituciones bancarias y no bancarias y de seguridad social tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, al padre, la madre, cónyuge o tutor que tenga a su cargo una o más personas con discapacidad, en un porcentaje no menor al 4% de su personal.

En el caso de las empresas privadas la norma establece que también tendrán la obligación de insertar laboralmente al grupo poblacional mencionado, en un porcentaje no menor al 2% de su personal.

Asimismo, el Proyecto de Ley tiene el objetivo de crear un bono mensual de Bs 250 para las personas con discapacidad grave y muy grave, beneficio que estará financiado por los gobiernos autónomos municipales. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asignará Bs 15 millones anuales para el pago del bono, que regirá a partir del año 2018.

“Se debe tener claro que el bono es para las personas con discapacidad grave y muy grave”, señaló la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

Siempre según el documento, el Ministerio de Trabajo es la única institución acreditada para ejercer la autorización de intermediación laboral y que cualquier persona natural o jurídica que realice esa tarea será denunciada ante el Ministerio Público por presunta comisión de delitos de tráfico y trata de personas.

Finalmente, el proyecto de Ley aprobado por unanimidad afirma que el Estado garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como el grupo familiar establecido en la norma.

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