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EL FÚTBOL BOLIVIANO TOCA FONDO

Carlos Chávez y otros cinco miembros de la FBF son acusados de organización criminal, estafa, entre otros delitos.

Carlos Chávez, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. (Foto: Apg)
Carlos Chávez, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. (Foto: Apg)

Deportes/Correo del Sur

El fútbol boliviano pasa por un muy mal momento dentro y fuera de las canchas, con sus principales dirigentes encarcelados por supuesta organización criminal y estafa, un futuro incierto sobre la Selección Nacional y sus cuatro representantes en la Copa Sudamericana eliminados en primera fase.
La debacle de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) comenzó en julio pasado, cuando la Fiscalía General decidió iniciar una investigación por supuestos hechos de corrupción en el manejo de recursos económicos que ingresaron a esa institución.
El primero en caer fue el actual presidente de la FBF y tesorero de la Conmebol, Carlos Chávez, que ayer cumplió un mes tras las rejas de la cárcel de Palmasola de Santa Cruz asumiendo la decisión del juez Quinto en lo Penal, Roberto Valdivieso, que además fue respetada por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, rechazando la apelación presentada por el acusado hace algunas semanas atrás.
Chávez, que alega ser inocente, preside la FBF desde 2006 y fue reelegido dos veces, en 2010 y 2014, en medio de polémicas y disputas entre dirigentes. Ese hecho, acontecido en una plaza de Trinidad, es uno de los argumentos del Ministerio Público para denunciar una supuesta organización criminal.
A su detención siguieron las de otros tres dirigentes recluidos preventivamente en cárceles de Santa Cruz, Cobija y Trinidad.
La FBF envió una carta a la FIFA y la Conmebol para denunciar una intervención del Estado al fútbol boliviano a través de la Fiscalía, a la que esas entidades replicaron expresando su “más absoluto respeto por las investigaciones y procesos judiciales” de Bolivia.
También anunciaron un informe de auditoría a la FBF, cuyas oficinas en Cochabamba fueron allanadas el jueves por la Fiscalía, que busca más documentos para proseguir con sus indagaciones.
Para la próxima semana se anunció un congreso destinado a elegir al nuevo presidente de la Federación, aunque esa reunión estará matizada por rencillas entre los dirigentes que quieren imponer sus propios proyectos de reconducción del vapuleado fútbol boliviano.
Además, algunos clubes “grandes” también protestaron contra la decisión de contratar al español Miguel Ángel Portugal como nuevo entrenador de la selección en reemplazo de Mauricio Soria, con quien ya se logró un acuerdo para la anunciada rescisión de su contrato.
Sin amistosos confirmados, por ahora, Bolivia deberá encarar los últimos meses de preparación al mando de Portugal antes de su primer encuentro ante Uruguay en octubre por las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.
Actualmente, la Verde ocupa el puesto 67 en el ránking de la FIFA y es penúltima entre los equipos latinoamericanos, por delante de Honduras.
En medio de la incertidumbre sobre el futuro de la selección de fútbol, Bolívar, Oriente Petrolero, Real Potosí y Aurora fueron eliminados de la primera fase de la Copa Sudamericana, otro síntoma de la crisis del fútbol boliviano.

CONTINÚAN LAS DECLARACIONES
Luego del allanamiento de las oficinas de la FBF en Cochabamba, el Ministerio Público continúa con la toma de declaraciones de dirigentes y personas cercanas a la entidad deportiva.
El ministro de Gobierno en su calidad de presidente de Sport Boys, Carlos Romero, y el gerente de Universitario, Jorge Laguna, fueron interrogados el viernes por la comisión de fiscales, que anunció más convocatorias.
INVESTIGAN SUPUESTA PRESIÓN
El Ministerio Público investiga a una funcionaria del Consejo de la Magistratura que habría presionado a un juez para favorecer a un dirigente imputado dentro del caso de la FBF.
Mientras la investigación se mantiene en reserva hasta conocer posturas oficiales, la Fiscalía allanó las oficinas en el Consejo y dos domicilios en busca de argumentos sobre los delitos de uso indebido de influencias y obstrucción a la justicia.

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