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FUNDACIÓN JUBILEO: GOBIERNO ADMINISTRA 63 POR CIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS BOLIVIANOS

(Foto ilustrativa)

Un foro realizado en Cochabamba planteó al Ejecutivo abrir el debate del pacto fiscal a la sociedad civil con la participación de la empresa privada. En un mes se iniciará la discusión de la redistribución de los recursos existente en Bolivia en el marco de la Comisión Nacional de Autonomías que preside el presidente Evo Morales.

El Diario/

Un foro sobre el pacto fiscal demandó del Gobierno abrir el debate a la sociedad civil a menos de un mes de la quinta etapa del proceso, el mismo que se referirá al polémico tema de la redistribución de los recursos del país, cuando el Gobierno central administra 63 por ciento de los fondos que corresponden a todos los bolivianos.

Los expositores en el encuentro realizado en Cochabamba y al que no asistieron autoridades del Ejecutivo, señalaron que las cuatro etapas previas solamente fueron para aprobar reglamentos y aspectos administrativos, cuando era mejor iniciar el debate con la redistribución de los recursos, en un entorno de menor crecimiento de la economía.

Propuesta Técnica

En la oportunidad, la Fundación Jubileo presentó la propuesta técnica para el pacto fiscal como un aporte a las deliberaciones que tienen lugar sobre este tema en el ámbito de la Comisión Nacional de Autonomías, presidida por el presidente, Evo Morales.

Al respecto el viceministro del sector, Hugo Siles, en nota enviada a la Fundación el 19 de julio pasado, luego de hacer consideraciones sobre una publicación de la entidad privada sobre este tema, invitó a la misma para que presente la propuesta a las instancias correspondientes.

Servicios

Según los expositores del evento, el actual sistema de distribución de los fondos públicos estaría colapsando en las instancias subnacionales por los limitados fondos que disponen, especialmente los departamentos de La Paz y Cochabamba, que no perciben regalías petroleras y el Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH) en la misma proporción que otros departamentos. A ambas regiones se suma también la crisis de recursos para el desarrollo en Chuquisaca y Santa Cruz, además de Tarija, por el descenso de la renta petrolera.

El experto, Leonardo Ugarte, que expuso que el Gobierno aplica el sistema impuesto por la ley 1551 de Participación Popular a las instancias subnacionales (gobernaciones, municipios y universidades) con un enfoque municipalista, cuando el país se ha incorporado al sistema autonómico.

Por lo expuesto, los gobiernos autónomos tanto departamentales como municipales, no recibirían recursos del Gobierno Central que acapara 63 por ciento de los fondos del país. El Gobierno ha transferido competencias, pero sin recursos a las instancias subnacionales, cuyos servicios se encuentra en crisis debido a la incapacidad financiera para sostenerlos, sostuvo.

La Paz

El representante de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, ejemplificó esta situación al señalar que en el país solamente 35 por ciento de la población tributa, mientras que los servicios son demandados por el 100 por de los habitantes. Esto está provocando el colapso de los servicios lo que agravará con los menores ingresos que perciben gobernaciones, municipios y universidades. La Gobernación de La Paz a lo sumo percibe transferencias del Gobierno Central por alrededor de 500 millones, cuando la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz tiene un presupuesto de Bs 300 millones.

Brecha Fiscal

Su colega, José Luis Parada de la Gobernación de Santa Cruz, sostuvo que con esa brecha no hay presupuesto que permita satisfacer las necesidades básicas de la población. Parada cuestionó el régimen tributario y dijo que debe cambiar y convertirse en progresivo, es decir, donde los que perciben mayores ingresos deben contribuir más. Dijo que la reforma Tributaria tiene 30 años cuando el país ha cambiado y cada gobierno impuso de manera desordenada ajustes de impuestos provocando un desorden fiscal por el enfoque recaudacionista del sistema fiscal imperante.

Sociedad Civil

Propuso abrir el debate del pacto fiscal y que no solamente que se discuta entre el gobierno y los delegados de las instancias subnacionales, sino que participe la empresa privada y la sociedad civil. Yaksic, dijo que el Gobierno al cerrar las posibilidades de diálogo, ha logrado invisibilizar la discusión del tema. “Hay un silencio y se está logrando impedir la participación de la sociedad civil hasta donde sea posible”, sostuvo.

Yaksic cuestionó la distribución de fondos señalando que en 2014, de 4.000 millones de bolivianos, 41 por ciento se fue a Tarija y La Paz sólo recibió Bs 600 millones cuando tiene 27 por ciento de la población nacional. Sin provocar susceptibilidades, aclaró que por población un vecino de Tarija recibe proporcionalmente Bs 8000, mientras que en La Paz la cifra no supera, Bs 170. “Estas desigualdades deben corregirse”, abogó.

Reversión

El director de la Fundación, Juan Carlos Núñez, manifestó que es necesario salvar el proceso del pacto fiscal con una mayor presencia de representantes de la sociedad civil y abrir el debate a las propuestas que puedan surgir en su seno. Dijo que este imperativo tiene mayor urgencia porque de no llegarse a un acuerdo nacional sobre la redistribución de recursos se podrían perder o revertirse los avances del país en los últimos años en cuanto a reducción de la pobreza e incrementarse la deuda social referida a las necesidades en salud y educación principalmente.

Discrecionalidad

El especialista de la Fundación, René Martínez, indicó que existe discrecionalidad en el Gobierno en cuanto a la asignación y el gasto fiscal, y sostuvo que existen interrogantes sobre la calidad del gasto del Ejecutivo. Cuestionó la ejecución de proyectos de poca rentabilidad o que finalmente no funcionan, dijo. “Hay elevada concentración del gasto en el Gobierno y poca descentralización, se advierte también una mayor recentralización en la provisión de bienes y servicios básico a la población”, señaló.

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