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Archivo. La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo. Foto: ABI

Justicia otorga detención domiciliaria a Achacollo previo al pago de fianza

La exministra aún se encuentra en el penal de Miraflores, dado que no pagó la fianza de 200 mil bolivianos. Es investigada por el caso de corrupción en el Fondo Indígena.

La Paz/Página Siete

La jueza Segunda de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, determinó días atrás, en el marco del caso de corrupción en el Fondo Indígena, cesar la detención preventiva que cumplía en la cárcel de Miraflores la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y le otorgó la detención domiciliaria previo al pago de una fianza de 200 mil bolivianos.

La determinación judicial fue informada por el diputado opositor Rafael Quispe, quien repudió la decisión, toda vez que en pasadas audiencias, al menos cuatro, la justicia había rechazado modificar la detención preventiva de la exautoridad.

“La señora sigue guardando reclusión en la cárcel de Miraflores, deposita 200 mil bolivianos de fianza y la señora se va a ir a su casa a disfrutar la plata que ha robado del Fondo Indígena”, declaró Quispe.

El abogado de Achacollo, Milko Suaznabar, corroboró que la jueza dictó la cesación de la detención preventiva en una audiencia realizada el pasado viernes, en la que se demostró que no hay riesgo de fuga de parte de su clienta, puesto que justificó el trabajo de ganadera que tiene en el departamento de Santa Cruz, donde cumpliría su detención domiciliaria.

Confirmó, además, que Achacollo aún permanece recluida porque no se pagó la fianza. “No existe la posibilidad (de pagar)”, dijo el abogado y mencionó que buscarán otro mecanismo para que su clienta salga de la cárcel.

Al respecto, el diputado Quispe indicó que el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, es el responsable de que la justicia dictamine las medidas sustitutivas para Achacollo, pues desde su reclusión, en agosto de 2016, no se avanzó con las investigaciones.

El caso de corrupción en el Fondo Indígena estalló en febrero de 2015, cuando se reveló un daño de 71 millones de bolivianos por proyectos fantasma e inconclusos financiados por este fondo.

Un informe también reveló que el daño económico supera los 100 millones de bolivianos. La exministra es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Por este caso están detenidos en diferentes cárceles al menos 10 dirigentes indígenas.

 

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