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OLIVA DEMANDARÁ A JORGE ARIAS SOTO POR DIFAMACIÓN Y CALUMNIAS

ARCHIVO. Adrián Oliva, gobernador de Tarija.

El gobernador del departamento, Adrián Oliva Alcázar, inició un proceso penal en contra del asambleísta Jorge Arias Soto, por los cargos de injuria, calumnias y difamación, informó su abogado, Sergio Iporre.

Tarija/El Peródico

El jurista explicó que hace unos días el asambleísta Arias Soto manifestó públicamente que el gobernador habría incrementado su patrimonio hasta tener una fortuna de siete millones de dólares. Según las declaraciones del asambleísta, la información figuraría en un uniforme que habría brindado el banco Ganadero.

Como supuestamente las declaraciones resultaron ser falsas y dañaron la imagen del gobernador y de su familia, la máxima autoridad del departamento decidió asumir las acciones pertinentes, para que el denunciado asuma su responsabilidad.

Es por eso que se iniciaron los procesos en contra de Arias Soto, por los delitos de injuria, difamación y calumnias. “Ya todo es de conociendo del tribunal competente, ahora nos someteremos a este procedimiento”, indicó Iporre.

Con la documentación de los extractos bancarios de Oliva, el abogado aseguró que parte del legajo de pruebas la constituye esta documentación oficial de las cuentas que tiene el gobernador, en las que se muestra que no existe esa cantidad de dinero que se le acusa poseer. “Son elementos que muestran que la acusación es falsa”, manifestó.

“Soy asambleísta y tengo todo el derecho de acceder oficialmente a estos datos porque soy fiscalizador”, declaró hace unos días el asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), después de acusar al gobernador de incrementar su patrimonio con malos manejos administrativos.

Arias Soto declaró que el gobernador tarijeño pasó de tener unos 10 mil dólares a siete millones de la misma moneda, desde que inició su gestión en 2015 y aseguró tener las pruebas suficientes del enriquecimiento ilícito.

No aceptará unas disculpas

El abogado Iporre indicó que el procedimiento prevé una posible retractación, sin embargo, se debe esperar una audiencia que se realizará en unos 10 días. La posición al respecto se conocerá de la boca del gobernador. “Preliminarmente entendemos que no se admitirá una conciliación, porque el daño a la imagen de la máxima autoridad del departamento es severo”, indicó.

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