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Panama Papers: Asamblea pide a la UIF indagar a Doria Medina

Informe de los Panama Papers en la Asamblea Legislativa. Foto: Senado de Bolivia

La Asamblea Legislativa aprobó el informe de la comisión que investigó a las empresas y directivos cuyos nombres aparecieron en los Papeles de Panamá.

Página Siete/

La Asamblea Legislativa aprobó ayer el informe de la Comisión Especial Mixta que investigó los Papeles de Panamá, solicitó al Ministerio Público procesar al exdirigente cívico cruceño  Branko Marinkovic y a la UIF investigar al opositor Samuel Doria Medina por el caso Akapana.

“El querellante (en el primer caso) será la Asamblea Legislativa la que presentará la denuncia penal ante el Ministerio Público en el caso Marinkovic”, informó el diputado por el MAS Víctor Borda. Explicó que el exlíder cívico creó en Bolivia 14 empresas offshore, cuyos hijos y nietos figuran como dueños.

“No obstante de que estas empresas son falsas, hacen interesantes movimientos económicos.

Entonces se tiene que investigar de dónde han salido esos montos de dinero”, afirmó. Además añadió  que estas empresas offshore, constituidas en Panamá, tuvieron relación económica con 29 empresas bolivianas.

Caso Doria Medina 

La comisión halló indicios de evasión de impuestos en la venta de las acciones de Soboce a la empresa mexicana Chihuahua   en 2005, cuya intermediaria fue la firma Akapana. Esta última creada por Samuel Doria Medina.

“Alrededor de 220  millones de dólares se habrían evadido. Se creó una empresa falsa, donde los socios mayoritarios eran las hermanas de Doria Medina. Ellas venden esta empresa en un monto ínfimo y en Panamá se crea una empresa que se vende a un monto real y efectivo, haciendo una evasión de impuestos”, explicó Borda.

De acuerdo con el informe de la Comisión, los Estados Financieros de 2005 declarados por CIMSA,  dan cuenta que la venta de acciones de Soboce al Grupo de Cementos Chihuahua (GCC) fue DE 162 millones de bolivianos. Sin embargo, el importe que declaró GCC en sus Estados Financieros pagó 528,4 millones de bolivianos. Por estas irregularidades, los antecedentes fueron enviados a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para una mayor investigación.

La comisión también investigó otros tres temas. Por ejemplo, la comisión determinó que el caso Entel, que también tenía una cuenta en el paraíso fiscal, no existió daño económico al Estado. “Lo que se hizo fue un proceso de nacionalización, lo que hicieron los gerentes es crear una empresa offshore para trasladar unas acciones porque existía un temor de que la empresa italiana iba a iniciar procesos y establecer embargos”, dijo Borda.

El caso Comteco se identificó problemas financieros, bancarios, tributarios en los que habrían incurrido los directivos de la cooperativa. Por esta razón, el proceso, al igual de Marinkovic, será remitido a la Fiscalía.

Soboce y  Comteco

Datos.  El Grupo Cementos de Chihuahua reveló en septiembre pasado que Samuel Doria Medina fue quien solicitó la intermediación de la empresa offshore en Panamá denominada Akapana para la venta de las acciones de Soboce.

Venta.   La transacción para la compra de las acciones de ELFEC por la empresa cochabambina Comteco en abril de 2008 estuvo envuelta en denuncias y una serie de cuestionamientos casi desde el principio aunque mucho más desde que se conoció la participación de la firma Mossack Fonseca.

 Piden sanción para quienes creen firmas offshore

La Asamblea Legislativa aprobó ayer el anteproyecto de ley de  Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales. La norma busca sancionar con pena de cinco a 10 años de prisión a personas o grupos que creen empresas offshort para evadir impuestos o por legitimar ganancias ilícitas.

“Establecemos algunos tipos de sanción. Por ejemplo, el que crease una empresa offshore con fines de legitimar ganancias ilícitas será sancionado con penas privativas de libertad. (Por tal razón) estamos pidiendo que se modifique el artículo 123 del actual Código Penal y que se tipifique como delito de ‘Organizaciones Criminales’”, declaró el diputado Manuel Canelas.

De esta forma, los que dirijan la organización serán sancionados con reclusión de cinco a diez años de cárcel.

Asimismo, se propone crear “la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas (AEMP), la cual contará dentro de su estructura organizativa con la Unidad de Inteligencia Corporativa. Ella será la  encargada de realizar la investigación respecto de la conformación de sociedades comerciales sospechosas. También investigará  a las personas naturales que conforman sociedades comerciales con fines ilícitos”, según el texto redactado en el proyecto de ley.

Esta nueva unidad dependerá de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Según el diputado por el MAS  Víctor Borda  se detectó una “carencia de normatividad jurídica y de instituciones que hagan el seguimiento respectivo”. Además, agregó que “ni Impuestos  ni la UIF lo hace. Entonces queremos una unidad que fiscalice, que precisamente investigue este tipo de casos debido a que existe una orfandad jurídica”.

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