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PROYECTO DE LEY DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ES SOCIALIZADO EN LA REGIÓN DEL CHACO

Miguel Angel Gallardo, representante de la mesa defensorial. (Foto de archivo)

Miguel Ángel Gallardo, representante de la Mesa Defensorial, en conferencia de prensa dio a conocer la socialización que están realizando del “proyecto de Ley de la Defensoría del Pueblo”, este trabajo lo vienen realizando con organizaciones sociales e instituciones de la Región, para que las mismas puedan realizar aportes a la propuesta presenta, considerando que actualmente la Defensoría del Pueblo funciona con una Ley del año 1.997 y no fue modificada ni adecuada a la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

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El Proyecto de Ley presentado considera 21 instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, incluye 66 artículos y tres disposiciones transitorias divididas en cuatro capítulos. El contenido incluye todos los ámbitos precisos para regular las funciones, organización y funcionamiento institucional, basado en la CPE, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y Leyes nacionales.

Los principales aspectos que orientan el trabajo defensorial y expresan el rol que la Constitución le asigna a la Defensoría del Pueblo, las cuales son la independencia y autonomía funcional e institucional; independencia de la máxima autoridad;  sostenibilidad; inviolabilidad; facultades de actuación en todos los ámbitos; mandato basado en el poder moral y ético; facultades y atribuciones amplias, claras y sin restricciones; mandato al servicio del pueblo porque emerge de él.

De acuerdo con la propuesta legal, la Defensoría del Pueblo debe mantenerse como una institución independiente de los órganos del Estado y tener autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus funciones. No recibe instrucciones de ninguna autoridad, institución u organización de cualquier índole; asimismo, es una entidad con autonomía funcional, financiera y administrativa en el marco de ley.

La Defensora o Defensor del Pueblo es y debe ser una persona independiente de los partidos políticos y de cualquier otro grupo o interés, además debe tener legitimidad pública y amplio reconocimiento por la defensa de los Derechos Humanos. Existen 14 requisitos que debe cumplir la persona que sea designada en este cargo.

La institución debe ser sostenible y recibir el suficiente presupuesto del Estado para su funcionamiento. Asimismo se plantea que la Defensoría del Pueblo debe contar con todas las garantías y la protección legal para ejercer su mando sin presiones. La o el Defensor del Pueblo, además del personal que lo represente, debe gozar de inviolabilidad e inmunidad por las opiniones, actuaciones y determinaciones que formulen, por tanto no deben ser objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o atribuciones.

La institución debe tener legitimidad y mandato basados en el poder moral y ético.  En sus actuaciones ejerce la magistratura moral a través de la denuncia, la persuasión, la observancia crítica, la mediación y la exigencia del cumplimiento de la Ley; tiene facultad para acudir a la justicia por actos que impliquen la violación de derechos humanos o interponiendo acciones de tutela cuando corresponda.

Asimismo, debe tener facultades y atribuciones amplias, claras y específicamente señaladas en la Ley para ejercer su mandato sin restricciones ni injerencias arbitrarias. Se están definiendo 23 atribuciones, entre ellas, proponer y formular políticas públicas y políticas de Estado con enfoque de Derechos Humanos; plantear el recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencias Condenatorias Ejecutoriadas cuando se presuma violación de DDHH.

La Defensoría del Pueblo tiene facultades para actuar en todos los ámbitos referidos a DDHH, desde su competencia constitucional y sin ninguna restricción. Su función alcanzará a la actividad administrativa de los órganos del Estado, instituciones públicas centralizadas, descentralizadas, autónomas, autárquicas y desconcentradas, entidades territoriales autónomas y las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; tiene competencia sobre empresas públicas, empresas mixtas, cooperativas y empresas privadas que presten servicios públicos. Finalmente, es una institución constitucional cuyo mandato emerge de la voluntad del pueblo y debe estar a su servicio.

Destaca, asimismo, la propuesta de la creación de representaciones municipales y de los Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos, la que se llevará adelante en coordinación con las autoridades reconocidas de estos pueblos que representen y se organizarán según sus normas y procedimientos.

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